El impuesto de basuras impuesto por el gobierno de España ha generado un fuerte impacto en la opinión pública. Tras su reciente aprobación, se han multiplicado las voces de protesta, especialmente en aquellos sectores más sensibles a los cambios económicos en el hogar.
Los efectos ya se están notando en los primeros recibos que han comenzado a llegar. Como respuesta, muchos ciudadanos han comenzado a organizarse para cuestionar la Ley 7/2022, responsable de esta tasa. Aunque se presenta como una norma de sostenibilidad, buena parte de la población la percibe como una decisión injusta.
¿Cómo se organiza la nueva tasa de basuras en España?
Antes de abordar en detalle la recogida de firma impulsada desde distintas plataformas, es necesario señalar que esta tasa no se aplica de manera uniforme. Cada ayuntamiento tiene capacidad para decidir cómo implementarla según sus necesidades y estructura local.
El importe varía en función del valor catastral del inmueble, el consumo de agua y el número de empadronados. Esta fórmula provoca diferencias importantes entre grandes ciudades y pequeñas localidades. Algunos creen que este modelo permite una gestión más equitativa, al adaptarse mejor a cada entorno urbano.
Actualmente, la media en los municipios donde ya se ha aplicado es de 80€ anuales. Si bien puede parecer una cantidad asumible con fines de protección del medioambiente, para muchas personas supone una carga difícil de integrar en su presupuesto familiar.
¿A quién afecta la nueva tasa de basuras aplicada en España?
La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha indicado que quien debe abonar esta tasa es la persona que ocupa el inmueble. Por tanto, será el inquilino el responsable del pago, aunque el inmueble no esté a su nombre ni sea de su propiedad.
Este planteamiento ha generado controversia en el mercado del alquiler. Algunos consideran que debe pagar quien vive y genera residuos, mientras que otros creen que el tributo debe recaer sobre el propietario. Este desacuerdo ha provocado tensiones en la interpretación de las obligaciones contractuales de arrendamiento.
El lema “quien contamina, paga” resume la filosofía del impuesto, que busca concienciar sobre la huella ambiental. Sin embargo, la aplicación directa en forma de coste económico ha despertado más movilización que campañas anteriores centradas en la educación ambiental.
¿En qué consiste la recogida de firma contra la tasa de basuras?
Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, cuando una medida se considera injusta, la ciudadanía se moviliza. La recogida de firma se presenta como una herramienta legal y pacífica para expresar el rechazo general y buscar una alternativa más razonable.
En Madrid, donde se prevé que los primeros recibos lleguen en julio de 2025, ya se ha iniciado la recogida de firma a través de Charge.org. El objetivo es visibilizar las diferencias entre municipios y reclamar una solución más equitativa que no penalice a las familias más vulnerables.
A día de hoy, ciudades como Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga aún no están sujetas a esta normativa. Esta falta de homogeneidad en la aplicación del nuevo impuesto alimenta el debate y abre la puerta a una futura revisión o posible reforma del modelo.